¿Qué nos dice la legislación hoy?

La Ley 19.628 establece una serie de principios, derechos y obligaciones que rigen el tratamiento de datos personales. Estos principios incluyen la legitimación para tratar datos, la lealtad, la finalidad, la proporcionalidad, la calidad, la transparencia y la responsabilidad.

Bajo ellos, la regla general es que el tratamiento de datos personales sólo está permitido con el consentimiento informado del titular o cuando la ley lo autoriza. Los datos deben ser tratados de manera proporcional, leal y respetando los derechos y libertades de las personas, y limitados a finalidades legítimas y adecuadas.

La información de tales datos debe ser exacta, actualizada y transparente, y el responsable del tratamiento de los datos debe cuidarlos con diligencia, garantizando su confidencialidad y seguridad.

Por otro lado, la ley reconoce a los titulares de datos personales los denominados “derechos ARCO” que consisten en los derechos de: [1] Acceso (saber qué información tienen de ti, su procedencia, destinatario, el propósito de su uso, etc); [2] Rectificación (modificar los datos si ellos son erróneos, inexactos, equívocos o incompletos); [3] Cancelación (la eliminación de éstos en caso de que su almacenamiento carezca de justificación legal o se encuentren caducos), y; [4] Oposición (negarse a que los datos sean tratados en los casos y condiciones que establece la ley).

Estos derechos no pueden ser limitados por ningún acto o convención y el incumplimiento puede resultar en indemnizaciones y multas impuestas a través de un procedimiento judicial conocido como “habeas data”, sin perjuicio de que también se puede lograr el objetivo a través de las interposición de acciones constitucionales.

Además, hay diversos organismos que tienen facultades de fiscalización como lo es la Comisión para el Mercado Financiero (Ley 21.521), el Servicio Nacional del Consumidor (Ley 19.496) y el Consejo para la Transparencia (Ley 20.285), entre otros.

Actualmente se discute en el Congreso Nacional un proyecto que pretende crear una Agencia de Protección de Datos, que podrá imponer multas de gran cuantía respecto de los infractores de la normativa.

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